Las agencias migratorias de Naciones Unidas pidió al gobierno del presidente Joe Biden que la nueva ley sobre migración declarada esta semana por la Casa Blanca sirva de plataforma para impulsar una reforma de las políticas de tránsito de millones de personas por América Latina y el Caribe desde los propios países afectados.
Y es que precisamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hicieron énfasis en que los países de América Latina que iban a servir de escala a los migrantes en su esfuerzo de llegar a Estados Unidos se han convertido, en realidad, en centros de acogida que representan un enorme peligro para sus habitantes temporales por la inseguridad reinante.
Las organizaciones dejan claro que si bien es cierto que la nueva doctrina migratoria en Estados Unidos no resuelve ni mucho menos la crisis exacerbada por la antigua Administración Trump: si bien la expansión de los programas de reasentamiento son un «paso bienvenido», la nueva ley migratoria de la Casa Blanca continúa incumpliendo el derecho Internacional porque sigue prohibiendo el asilo a migrantes que llegan desde un tercer país las «caravanas migratorias».